TRADUCCIÓN NO OFICIAL
República Dominicana – Categoría 2
La República Dominicana es un país de tránsito, destino y a la vez fuente de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y al trabajo forzado. Los informes indican que una gran cantidad de mujeres y niños dominicanos son víctimas de la trata sexual en toda la República Dominicana, el Caribe, Europa, Sudamérica, el Medio Oriente, y los Estados Unidos. Un estudio reciente realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que decenas de miles de mujeres dominicanas son actualmente víctimas de la trata en todo el mundo. Además, la explotación sexual comercial de niños locales por parte de turistas extranjeros es un problema, particularmente en las áreas hoteleras costeras, con estos turistas sexuales de niños llegando al país durante todo el año proveniente de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Funcionarios dominicanos y organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que han sido forzados al servicio doméstico, a las ventas ambulatorias, a la mendicidad, al trabajo agrícola, la construcción y la entrega de drogas narcóticas. Las grandes poblaciones de niños que trabajan, y de niños que trabajan son altamente vulnerables al trabajo forzado y a la trata sexual. Las ONG han aumentado el reporte de casos de trabajo forzado de adultos en el área de la construcción, la agricultura y los sectores de servicio. La gran población de personas indocumentadas o apátridas de ascendencia haitiana en el país es particularmente vulnerable a la trata. Mujeres dominicanas y extranjeras en bailes exóticos y en la prostitución dentro del legalizado negocio sexual de la República Dominicana son altamente vulnerables a la trata dentro del país.
El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Durante el período de informe, el gobierno hizo un notable progreso al procesar, condenar y castigar a un a un perpetrador de trata sexual infantil así como a otros perpetradores de mendicidad infantil forzada; este último caso ha sido el primer ejemplo conocido del gobierno utilizando sus leyes sobre trata humana para procesar en la justicia a los ofensores de trata laboral. La falta de un protocolo gubernamental amplio que guíe a los funcionarios en la identificación proactiva y el referimiento de las víctimas de la trata fueron escasos. En gran medida no existieron en la República Dominicana refugios a largo plazo, consejería o alivio migratorio para las víctimas adultas de la trata. Hubo serias preocupaciones de que el gobierno no estuvo abordando la complicidad oficial en la trata humana o la demanda de trata humana en el país.
Recomendaciones para la República Dominicana: Procesar vigorosamente y castigar a los tratantes en trabajo forzado y trata sexual de niños así como de adultos; investigar vigorosamente y procesar a los empleados gubernamentales que son cómplices de la prostitución forzada o el trabajo forzado; trabar con las ONG para establecer y ejecutar un protocolo formal para todo el gobierno que sirva de guía a los funcionarios sobre cómo identificar víctimas de la adultas y niños de la trata, especialmente quienes están en el negocio sexual, y referirlos a los servicios disponibles; trabajar con las ONG para garantizar servicios y refugios adecuados que estén disponibles para las víctimas adultas y que más niños y adultos sean identificados y reciban dichos servicios; establecer alternativas legales formales a la remoción de las víctimas extranjeras a países donde enfrentarían retribución o dificultades; e implantar una campaña de concienciación a sobre el trabajo forzado y la prostitución forzada tanto en español como en creole dirigida a las víctimas de la trata, a la demanda para actos de sexo comercial y trabajo forzado, y que provea instrucción para el reporte de los casos de trata humana.
Procesamiento
El gobierno hizo progresos en el procesamiento a ofensores de la trata sexual y laboral durante el período de informe, aunque la alegada complicidad de oficiales gubernamentales en la trata humana siguió siendo un problema serio. La ley 137-03 de 2003, prohíbe todas las formas de trata humana y prescribe penalidades de hasta 20 años de prisión con multas – penalidades suficientemente estrictas y proporcionales a las prescritas para otros delitos serios como la violación. Sin embargo, la mezcla de la ley de trata humana con la de tráfico de personas, sigue siendo un problema. El gobierno reportó dos nuevas investigaciones de trata humana y al menos cinco nuevas investigaciones de trata sexual durante el período de informe. El gobierno inició dos nuevos procesamientos por mendicidad forzada y dos nuevos procesamientos sobre trata sexual durante el período de informe, en comparación con ocho procesamientos de trata laboral y 12 procesamientos de trata sexual el año anterior. En un paso positivo que marca las primeras condenas del gobierno a la trata laboral usando su ley trata, las autoridades han reportado dos condenas por trabajo forzado y una absolución en 2012; las condenas a los dos tratantes laborales condenados fueron de 15 años de encarcelación más multas. El gobierno también reportó la condena a un ofensor de trata sexual, que recibió una sentencia de prisión de cuatro años. Todos los procesamientos y condenas involucraron la trata de niños; el gobierno no reportó ningún procesamiento o convicción en casos que involucran a víctimas adultas de trata humana. El gobierno cooperó con los gobiernos en Europa y en todo el Hemisferio Occidental en investigaciones de casos de trata humana transnacional.
También hubo numerosos informes de que la trata humana fue un serio problema. Por ejemplo, un trabajador agrícola reportó que personal militar, o individuos vestidos como tales, les impidieron a los trabajadores salir de sus hospedajes. Los trabajadores agrícolas en el sector coquero alegaron que inspectores y personal militar en la provincia fronteriza de Dajabón conspiraron con el dueño de una compañía para traficar obreros al país, donde ellos eran posteriormente mantenidos en condiciones coercitivas. Varios interesados alegaron que algunos oficiales policiales fueron cómplices en la explotación de niños como despachadores de drogas. Las ONG han reportado una protesta pública en enero de 2013 involucrando a veintenas de trabajadores migrantes haitianos que reclamaban haber sido reclutados por medio de ofertas fraudulentas de empleo y otras medidas coercitivas. El gobierno no reportó ninguna investigación o procesamiento de empleados gubernamentales por alegada complicidad en las ofensas relacionadas con la trata durante el período de informe.
El gobierno identificó la necesidad de entrenamiento especializado a funcionarios sobre la trata humana, y el gobierno cooperó con organizaciones internacionales y donantes extranjeros sobre una cantidad de entrenamientos durante el período de informe.
Protección
El gobierno progresó poco en la protección a las víctimas de trata durante el período de informe. La falta de procedimientos formales de parte del gobierno para guiar a los servidores de primera línea como la policía, los inspectores laborales, y los trabajadores de la salud sobre cómo identificar proactivamente a las víctimas de la trata entre los grupos vulnerables (como por ejemplo personas en el comercio sexual legalizado de la República Dominicana y los trabajadores migrantes) y referirlos a los servicios disponibles resultó en que las víctimas no ser conscientes de los limitados recursos de asistencia o los mismos se les negaba acceso. El gobierno enfatizó el uso de refugios temporales para proveer servicios de cuidado a la víctima. La agencia encargada del bienestar y la protección de niños (CONANI) tuvo ocho refugios activos para niños en peligro. El Departamento de Control e Investigación Migratoria refirió a las víctimas de trata a la Organización Internacional para las Migraciones por un cuidado y una atención apropiada, incluyendo refugios provisionales y ayuda sicológica. El gobierno reportó que la Oficina de Representación Legal a las Víctimas de la Procuraduría General proporcionó orientación sin cobrar, asistencia y representación legal a las víctimas de bajos recursos así como acceso a un cuidado médico, a trabajadores sociales y terapeutas de familia. Socios de las ONG han reportado servicios inadecuados de cuidado a todas las víctimas identificadas, incluyendo las víctimas de la trata sexual infantil, y que los servicios fueron generalmente proporcionados sobre una base ad hoc. El apoyo sicológico y la asistencia legal fue proporcionada en algunos casos a través de una ONG local con fondos del Ministerio de la Mujer. Las ONG notaron que pocas de las víctimas que refirieron a las autoridades dominicanas durante el período de informe recibieron servicios de cuidado. La Policía Nacional Dominicana reportó la identificación de 77 potenciales víctimas de trata durante el período de evaluación, comparado con 76 víctimas del año anterior. El ministerio de trabajo no identificó casos de trata humana. CONANI reportó el haber proporcionado servicios a 12 niñas y nueve niños quienes fueron víctimas de la trata humana, una reducción significativa desde las 60 víctimas de trata infantil en el período de informe anterior.
El gobierno reportó haber motivado a las víctimas a participar en la persecución de los tratantes, aunque no hubo informes de víctimas adultas de la trata asistiendo en dichas persecuciones durante el período de informe. La ley dominicana sobre trata protege a las víctimas de ser castigadas por los delitos cometidos como resultado directo de su participación en una situación de trata humana. El gobierno no proporcionó asistencia de reintegración formal a largo plazo para las víctimas dominicanas de trata humana repatriadas o alternativas legales a la deportación de víctimas extranjeras a países donde enfrentarían retribución o dificultad.
Prevención
El gobierno hizo progresos mínimos en la prevención de la trata humana durante el período de informe y no hizo esfuerzos para abordar la demanda de actos sexuales comerciales. El Ministerio de Trabajo desarrolló una campaña nacional con el eslogan “Queremos Jugar y Aprender” para crear consciencia en cuanto a la prevención de trabajo infantil. El Ministerio de Relaciones Exteriores continuó su campaña diseñada para educar a los nacionales dominicanos que viven en el extranjero sobre los riesgos y peligros de la trata. Las ONG generalmente no estuvieron conscientes de información gubernamental o campañas de educación durante el período de informe, aunque hubo una línea nacional de llamada para reportar los casos de trata humana y violencia de género. El Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó una comisión interinstitucional contra la trata, la cual tuvo un plan de acción nacional que seguirá activo hasta 2014. El gobierno dominicano, con asistencia de un gobierno extranjero, mantuvo una unidad policial especializada empoderada para vigorosamente investigar y procesar los casos de turismo sexual infantil en la República Dominicana; el gobierno reportó 10 investigaciones de alegados turistas sexo infantil durante el período de informe. El gobierno no llevó a cabo esfuerzos para reducir la demanda de actos de comercio sexual en el comercio sexual legalizado en la República Dominicana o por trabajo forzado durante el período de informe.
