TRADUCCIÓN NO OFICIAL
RESUMEN EJECUTIVO
La Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel importante para la economía dominicana, y la República Dominicana es uno de los principales receptores de IED en el Caribe y Centroamérica. El gobierno busca activamente la IED con generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas al país. Históricamente, los sectores de turismo, inmobiliario, telecomunicaciones, zonas francas, minería y financiamiento son los principales receptores de IED.
Además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (DR-CAFTA) es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros. Los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia, el fortalecimiento del estado de derecho y la ampliación del acceso a productos de calidad en la República Dominicana. Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor en República Dominicana. El DR-CAFTA incluye protecciones para los inversionistas extranjeros de los estados miembros, incluidos los mecanismos para la resolución de disputas.
Los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen percepción de corrupción generalizada tanto a nivel nacional como en gobiernos locales; retrasos en los pagos del gobierno; aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduana y la clasificación de las importaciones. La debilidad de las leyes de tenencia de tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La falta de transparencia y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores.
Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.
El actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha realizado un esfuerzo concertado durante su primer año completo de gobierno para abordar temas de corrupción y transparencia que son aspectos fundamentales para la prosperidad social, económica y política, incluyendo una Procuraduría independiente, la tan esperada reforma del sector eléctrico y el empoderamiento de la institución superior de auditoría, la Cámara de Cuentas. Se ha prometido repetidamente más trabajo, pero su aprobación sigue siendo incierta, ya que cada medida está todavía sujeta a procesos administrativos o legislativos, incluyendo la aprobación de la nueva legislación sobre compras y contrataciones públicas, la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, la aprobación de la ley administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y una actualización a la ley de inversiones extranjeras.
La República Dominicana, un país de renta media-alta, ha sido la economía de más rápido crecimiento de América Latina en los últimos 50 años, según datos del Banco Mundial. Creció un 12,3 por ciento en 2021, un 4,7 por ciento si se compara con 2019 (pre- pandemia). Los ingresos fiscales fueron un 12,7 por ciento superiores a lo estipulado en el Presupuesto Inicial para 2021; junto con la disciplina presupuestaria, el gobierno cerró su déficit al 2,7 por ciento del PIB. Sin embargo, la inflación a finales del 2021 fue de 8,50 por ciento, el doble del objetivo del 4,0 por ciento ±1,0. A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el gasto público y aumentar los ingresos, en ausencia de una reforma fiscal significativa, la deuda pública continuó creciendo en 2021, alcanzando los 47.700 millones de dólares a finales de noviembre de 2021 (si se añade la deuda con el Banco Central, la deuda pública alcanzó los 62.040 millones de dólares), y un servicio total de la deuda de 5.900 millones de dólares, lo que supuso una disminución de la relación deuda/PIB, pero un aumento del valor total de la deuda pública. El gobierno sigue aplicando grandes subvenciones a diferentes sectores de la economía, como el sector eléctrico y los hidrocarburos. En 2021, el gobierno destinó 1.030 millones de dólares a la subvención de las Empresas de Distribución de Electricidad (EDE) y 266,9 millones de dólares directamente al combustible.
Según el Índice de Desempeño del Cambio Climático del 2022, la República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, aunque sólo representa el 0,06% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Como pequeño Estado insular en desarrollo, la República Dominicana es especialmente vulnerable a los efectos de los fenómenos climáticos extremos, como las tormentas, las inundaciones, las sequías y la erosión del nivel del mar. En combinación con el rápido crecimiento económico (más del 5% hasta 2020) y la urbanización (más del 50% de la población en las ciudades, el 30% en Santo Domingo), el cambio climático podría afectar a sectores socioeconómicos clave como el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud humana, la biodiversidad, los bosques, los recursos costeros marinos, las infraestructuras y la energía. La Constitución llama al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación de acuerdo con la necesidad de adaptarse al cambio climático. El gobierno está actuando, tanto a nivel nacional como en coordinación con la comunidad internacional, para mitigar los efectos del cambio climático.
Haz clic aquí para ver el reporte completo en inglés, del Departamento de Estado.
